Aprobados injustos

El Tribunal Supremo ha condenado a un profesor de universidad por delito de prevaricación por poner un sobresaliente a una alumna en un examen al que no se presentó. La alumna trabajaba en otra ciudad y ni siquiera acudió a las clases.  Sucedió en Granada.

El caso me recuerda lo que sucedía en la Universidad del País vasco con los presos de ETA encarcelados. La realización de estudios universitarios  implicaba una reducción de la condena y fueron muchos los que se apuntaron a tal beneficio. No tenían que someterse a ningún examen y aprobaban con trabajos cuya autoría nadie se preocupaba de confirmar.

La alumna de la universidad de Granada consiguió mediante un sistema de compensación de asignaturas el título de Licenciada en Pedagogía. Los etarras consiguieron diversos títulos de Periodismo y ´ciencias sociales de la Universidad del País vasco . Como me dijo un colega :”A ver quien se atreve a suspender a un etarra”. Algunos se atrevieron. Pero aun así consiguieron los títulos.

Actualmente la Audiencia Nacional investiga si 76 presos etarras falsificaron sus títulos, que presentan numerosas irregularidades.

El profesor de Granada ha sido condenado a siete años de inhabilitación y también la persona de la administración que medió entre él y la alumna. No hubo ninguna condena por regalar títulos a los etarras presos.

Todos los días estamos oyendo y leyendo que la justicia es igual para todos. Sin comentarios.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/02/20/aprobados-inxustos/0003_201702G20P14995.htm

 

 

Dos varas de medir

DOS VARAS DE MEDIR
Coinciden estos días en la prensa dos noticias sobre sentencias judiciales que pueden calificarse de sorprendentes para el ciudadano que cree vivir en un país democrático donde la justicia es igual para todos. Una es que la fiscalía del Supremo no ve que haya delito de malversación de caudales públicos en los dieciséis viajes que el Sr. Monago hizo a Canarias – ida y vuelta- con cargo al Senado, ya que considera que los senadores están autorizados a circular libremente, sin que se les exija comunicación o justificación ninguna ni vinculación de los viajes con actividades oficiales. O sea, que es legal, aunque sea injusto.
La otra se refiere a una joven de 29 años, madre de una niña de tres años y de un bebé de meses, que trabaja limpiando pisos y que hace cinco años, enferma de anorexia y bulimia, utilizó unas tarjetas de crédito encontradas para conseguir comida. Condenada por delitos de falsificación y estafa, se le conmutó la pena, pagó las indemnizaciones, pero, mal aconsejada por su abogado, no pagó una multa de 1400 €, por la que ahora debe ingresar en prisión. Hay un indulto en marcha, pero el juzgado denegó la suspensión preventiva de la pena por «el descrédito existente en la sociedad ante el otorgamiento de los indultos a penados».
¿A quién le parecería mal o se escandalizaría si en este caso se indultara a esa madre, que tendrá que ingresar en prisión con su bebé ? Si la Justicia quiere recuperar el crédito perdido, mejor haría llevando la prisión a los grandes ladrones, corruptos y defraudadores. Tiene mucho donde escoger en todo el país.